jueves, 7 de febrero de 2013

Las minas antipersonal, delito de lesa humanidad y crisis humanitaria


Cáceres y Tarazá entre los municipios más afectados

Antioquia, con 2.263 casos desde 1990, sigue siendo el departamento con más víctimas en el país. Este año se capacitará a 300 docentes de los 11 municipios más afectados.


 Un llamado para que los representantes del Gobierno Nacional y de las Farc que actualmente adelantan negociaciones en Cuba acuerden el cese de la instalación o siembra de minas antipersonal –considerado un crimen internacional– y la identificación de los campos minados, hizo el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.

La petición fue hecha este jueves nueve de febrero al mostrar el panorama en Antioquia y denunciar que en 98 de los 125 municipios presentan problemáticas de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI).

 Londoño Uribe reiteró que es un imperativo humanitario que las Farc se comprometan a brindar información para la posible localización de artefactos explosivos improvisados.

El funcionario anunció que este año se adelantará un proyecto de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), diseñado para 300 docentes y sus alumnos de los once municipios más afectados con esta problemática: Tarazá, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Toledo, Dabeiba, Sabanalarga y Guadalupe. Y en 27 municipios se desarrollará una estrategia de ERM y comportamientos seguros con la comunidad.

“Los proyectos que se adelantan con el sector educativo son un aporte para que la población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes adquieran más conocimiento en el tema y se reduzca el riesgo de ser víctima de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados", aseguró el Secretario de Gobierno.

Londoño Uribe agregó que el tema es todo un reto para la institucionalidad en un departamento como Antioquia, el de mayor registro histórico de eventos por MAP, Muse y artefactos explosivos, con el 22 por ciento del consolidado nacional. En los últimos cuatro años los accidentes se concentran principalmente en las regiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste.


Para 2013 también se continuará con el desminado humanitario en los municipios de San Francisco y Granada, donde el año pasado se invirtieron 270 millones de pesos, adicionales a 200 millones aportados a la Séptima División del Ejército para el desminado de emergencia. La meta es que este año San Francisco sea el segundo municipio de Antioquia en ser declarado como territorio libre de sospecha de minas.

Igualmente se priorizará el desminado de emergencia en escuelas de 40 municipios donde se ha reportado la presencia o sospecha de MAP, Muse y AEI. El llamado es –afirmó Londoño Uribe– a que se respeten especialmente las normas del DIH, dado el especial deber de protección que las normas internacionales establecen a favor de niños, niñas y adolescentes.

También en este año empezará el proceso de desminado humanitario por organizaciones civiles en Argelia, Nariño, San Rafael, San Luis, San Francisco, Granada, Cocorná, El Carmen de Viboral, La Unión y Sonsón, en un proceso articulado por el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas (Paicma), junto con Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de Agricultura, Incoder, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación de Antioquia y autoridades de los municipios mencionados.

Por su parte, la Séptima División del Ejército explicó cómo la guerrilla ha modificado en los últimos años los métodos para cometer atentados con explosivos. La cifra de militares víctimas es de 1.234 en los últimos 22 años. La cifra de civiles en el mismo lapso es de 1.029.

Según cifras del Paicma y procesados por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado, entre 1990 y diciembre de 2012 en Antioquia se reportaron 2.263 víctimas, el 83 por ciento(1.882) resultó herida y el 17 por ciento (381) murió. De los 1.029 afectados civiles, 846 (82 por ciento) resultaron heridos y 183 (18 por ciento) murieron. De los 1.234 miembros de la fuerza pública afectados, 1.036 (84 por ciento) quedaron heridos y 198 (16 por ciento) fallecieron. En 2012, la cifra fue de 87 víctimas.

Finalmente, el Secretario de Gobierno lamentó los hechos ocurridos el pasado mes de enero en Yarumal, Cáceres, Apartadó y Briceño, donde ocurrieron siete accidentes que dejaron tres personas muertas y cuatro heridas.

Londoño Uribe rechazó la situación que viven en el corregimiento de Pueblo Nuevo, de Briceño, donde hace presencia el frente 36 de las Farc y se encuentran confinadas 120 familias. Allí donde el pasado trece de enero ocurrió un accidente que dejó como víctimas a tres niños víctimas menores de edad: uno muerto y dos heridos.

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