Cáceres y Tarazá entre los municipios más afectados
Antioquia, con 2.263 casos desde 1990, sigue siendo el departamento con más víctimas en el país. Este año se capacitará a 300 docentes de los 11 municipios más afectados.
Un llamado para que los representantes del
Gobierno Nacional y de las Farc que actualmente adelantan negociaciones en Cuba
acuerden el cese de la instalación o siembra de minas antipersonal –considerado
un crimen internacional– y la identificación de los campos minados, hizo el
secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe.
La petición fue hecha
este jueves nueve de febrero al mostrar el panorama en Antioquia y denunciar
que en 98 de los 125 municipios presentan problemáticas de minas antipersonal
(MAP), munición sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI).
Londoño Uribe reiteró que es un imperativo
humanitario que las Farc se comprometan a brindar información para la posible
localización de artefactos explosivos improvisados.
El funcionario anunció
que este año se adelantará un proyecto de Educación en el Riesgo de Minas
(ERM), diseñado para 300 docentes y sus alumnos de los once municipios más
afectados con esta problemática: Tarazá, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Ituango,
Valdivia, Cáceres, Yarumal, Toledo, Dabeiba, Sabanalarga y Guadalupe. Y en 27
municipios se desarrollará una estrategia de ERM y comportamientos seguros con
la comunidad.
“Los proyectos que se
adelantan con el sector educativo son un aporte para que la población de niños,
niñas, jóvenes y adolescentes adquieran más conocimiento en el tema y se
reduzca el riesgo de ser víctima de minas antipersonal, munición sin explotar y
artefactos explosivos improvisados", aseguró el Secretario de Gobierno.
Londoño Uribe agregó
que el tema es todo un reto para la institucionalidad en un departamento como
Antioquia, el de mayor registro histórico de eventos por MAP, Muse y artefactos
explosivos, con el 22 por ciento del consolidado nacional. En los últimos
cuatro años los accidentes se concentran principalmente en las regiones de Bajo
Cauca, Norte y Nordeste.
Para 2013 también se
continuará con el desminado humanitario en los municipios de San Francisco y
Granada, donde el año pasado se invirtieron 270 millones de pesos, adicionales
a 200 millones aportados a la Séptima División del Ejército para el desminado
de emergencia. La meta es que este año San Francisco sea el segundo municipio
de Antioquia en ser declarado como territorio libre de sospecha de minas.
Igualmente se
priorizará el desminado de emergencia en escuelas de 40 municipios donde se ha
reportado la presencia o sospecha de MAP, Muse y AEI. El llamado es –afirmó
Londoño Uribe– a que se respeten especialmente las normas del DIH, dado el
especial deber de protección que las normas internacionales establecen a favor
de niños, niñas y adolescentes.
También en este año
empezará el proceso de desminado humanitario por organizaciones civiles en
Argelia, Nariño, San Rafael, San Luis, San Francisco, Granada, Cocorná, El
Carmen de Viboral, La Unión y Sonsón, en un proceso articulado por el Programa
Presidencial de Acción Integral contra Minas (Paicma), junto con Ministerio de
Defensa, Fuerzas Militares, Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de
Agricultura, Incoder, Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación de Antioquia y autoridades de los
municipios mencionados.
Por su parte, la
Séptima División del Ejército explicó cómo la guerrilla ha modificado en los
últimos años los métodos para cometer atentados con explosivos. La cifra de
militares víctimas es de 1.234 en los últimos 22 años. La cifra de civiles en
el mismo lapso es de 1.029.
Según cifras del Paicma
y procesados por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto
Armado, entre 1990 y diciembre de 2012 en Antioquia se reportaron 2.263
víctimas, el 83 por ciento(1.882) resultó herida y el 17 por ciento (381)
murió. De los 1.029 afectados civiles, 846 (82 por ciento) resultaron heridos y
183 (18 por ciento) murieron. De los 1.234 miembros de la fuerza pública
afectados, 1.036 (84 por ciento) quedaron heridos y 198 (16 por ciento)
fallecieron. En 2012, la cifra fue de 87 víctimas.
Finalmente, el
Secretario de Gobierno lamentó los hechos ocurridos el pasado mes de enero en
Yarumal, Cáceres, Apartadó y Briceño, donde ocurrieron siete accidentes que
dejaron tres personas muertas y cuatro heridas.
Londoño Uribe rechazó
la situación que viven en el corregimiento de Pueblo Nuevo, de Briceño, donde
hace presencia el frente 36 de las Farc y se encuentran confinadas 120
familias. Allí donde el pasado trece de enero ocurrió un accidente que dejó
como víctimas a tres niños víctimas menores de edad: uno muerto y dos heridos.
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